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Vidas robadas, niñas, no madres

por Dra. Linda Valencia
Vidas robadas
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América Latina y el Caribe son las únicas regiones en el mundo donde ha aumentado el número de partos en niñas menores de 15 años.

Según UNICEF, América Latina y el Caribe registran la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud, establece que la pobreza influye en la probabilidad que tienen las menores de quedar embarazadas, y si es así entran en un círculo vicioso, ya que la maternidad precoz suele comprometer sus resultados académicos y su potencial económico.

Vidas robadas, niñas, no madres

El UNFPA ha afirmado que el embarazo en la adolescencia ha sido llamado también el “Síndrome del Fracaso, o la puerta de entrada al ciclo de la pobreza” (ya que perpetúa círculos viciosos de pobreza y falta de oportunidades).

El Banco Interamericano de Desarrollo afirma que “las menores más pobres tienen entre tres y cinco veces más probabilidad de quedar embarazadas que las del primer quintil de riqueza”.

Dentro de la literatura científica existe numerosa evidencia que demuestra que las menores de edad embarazadas tienen resultados maternos y neonatales peores en comparación con las mujeres de 20 a 24 años de edad.

Los riesgos asociados con el embarazo en adolescentes – y especialmente para las embarazadas de 15 años o menos – incluyen un mayor riesgo de muerte materna, infecciones, eclampsia, parto prematuro, mortalidad y morbilidad neonatal.

El embarazo en niñas y adolescentes, está considerado como uno de los problemas de salud pública y derechos humanos más importantes que afecta a las mujeres.

Sin embargo, pocos estudios han documentado los riesgos para la salud mental y el impacto social del embarazo precoz, particularmente en menores entre 9 y 14 años.

MAYOR RIESGO DE MUERTE MATERNA, INFECCIONES, ECLAMPSIA, PARTO PREMATURO, MORTALIDAD Y MORBILIDAD NEONATAL.

Promsex en Perú, la Fundación Desafío en Ecuador, la Asociación de Mujeres AXAYACATL en Nicaragua y el Observatorio de Salud Reproductiva en Guatemala, realizaron una investigación multipaís en estos 4 países para evaluar el impacto en la salud integral que tienen los embarazos en niñas de 9-14 años.

El informe titulado “Vidas Robadas”, es la compilación de los factores comunes que encontramos en las investigaciones nacionales, con el fin de evidenciar de manera integral la afectación que tiene el embarazo precoz en todas las dimensiones de la salud (física, mental y social) de las niñas entre 9 y 14 años y sus derechos humanos.

Con este informe se espera llamar a la acción gubernamental urgente sobre esta cuestión crítica, que está frenando el desarrollo y afectando la agenda democrática de los países latinoamericanos.

En Ecuador, en la última década, se ha incrementado en un 74% el embarazo en adolescentes. En Nicaragua, el número de embarazadas entre 10 y 14 años aumentaron el 47% en 9 años. En Guatemala en el año 2014 se reportaron 5,100 partos de niñas entre 10 y 14 años.

Y en Perú en el 2013, más de 1,100 partos fueron de madres de entre solo 12 y 13 años de edad.

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS ADOLESCENTES SE ABORDA COMO UNA CUESTIÓN DE IGUALDAD.

Responsabilidad Estatal

las niñas y adolescentes, así como las consecuencias para su salud física, mental y social es una grave violación de sus derechos humanos. Los Estados tienen una responsabilidad no solo de prevenir esta forma de violencia, sino también de responder de manera adecuada cuando las niñas y adolescentes la experimentan, particularmente cuando quedan embarazadas como resultado de esta violencia.

La responsabilidad estatal en materia de derechos humanos en este contexto se caracteriza por dos principios importantes: 1) la violencia contra las mujeres y las adolescentes se aborda como una cuestión de igualdad y de no discriminación entre las mujeres y los hombres y tiene un carácter interseccional y 2) como resultado del carácter interseccional de la violencia y discriminación, los derechos humanos violados son múltiples e interdependientes.

La violencia es un fenómeno que afecta a todas las personas. Sin embargo, las normas, creencias, prejuicios y estereotipos negativos de género que imperan en la sociedad y tienden a subordinar y devaluar a las mujeres y las niñas, así como su dependencia afectiva, económica, o social, las hacen más vulnerables a esta. Por lo que la violencia contra la mujer constituye una forma de discriminación, como lo ha manifestado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El derecho internacional reconoce que las personas no experimentan la discriminación en un vacío, sino dentro de un contexto social, económico y cultural determinado, en donde se construyen y reproducen los privilegios y las desventajas.

Dado que la maternidad en la niñez y adolescencia también cruza a sectores como educación, salud, justicia, derechos de la niñez y de la mujer, es considerada como un indicador de desarrollo y bienestar social, que por tanto, requiere un análisis interseccional.

EN GUATEMALA EL 85% DE LOS VIOLADORES SONFAMILIARES.

Derecho a estar libre de la violencia

Tanto el sistema universal, como el sistema interamericano de derechos humanos establecen que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que transciende todos los sectores de la sociedad. Los testimonios de las niñas entrevistadas

revelaron que los Estados están fallando en cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y promover el derecho a estar libre de la violencia de estas niñas.

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De igual manera se encontró que existe un maltrato emocional por parte del agresor en muchos casos, que suelen referirse a intimidaciones o amenazas de daño. Este maltrato también puede constituir una forma de violencia.

Derecho a estar libre de violencia sexual

90% De los embarazos en  adolescentes menores de 14 años son producto de violación.

La coerción sexual existe como acto continuo, desde la violación forzada hasta otras formas de presión que empujan a las niñas y adolescentes a tener sexo en contra de su voluntad.

Según la Federación Latinoamericana de  Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) “Tal vez la niña o adolescente afectada no lo identifique como una violación, aunque haya sido una situación contra su voluntad pero ‘aceptada’ por no haber podido oponerse. Estas situaciones son muy frecuentes en el inicio sexual cuando hay una diferencia de edad significativa entre el hombre y la niña/adolescente”.

En el estudio se demuestra que de las 204 niñas y adolescentes entrevistadas para esta investigación, 11.2%  fueron violadas por un familiar o persona cercana a la menor.

En algunos de los países donde se realizó la investigación, los violadores de las niñas y adolescentes menores de 14 años son personas cercanas a su entorno familiar, están muy cerca de ellas, en Guatemala el 85% de los violadores son familiares, padre biológico, padrastro, tío, abuelo, hermano, primo, etc.

Por otro lado, es muy común también que en las menores de 14 años, los agresores o parejas forzadas sean mayores, la gran diferencia de edad es una constante.

Derecho a estar libre de violencia institucional

La violencia institucional comprende daño físico y psicológico a personas como resultado de condiciones estructuralmente inadecuadas de las instituciones y sistemas públicos. Parte de las situaciones de violencia que enfrentan estas menores, se refiere a la estigmatización que ellas perciben.

En el Perú,  el 28% de las adolescentes menores de 15 años sintieron algún tipo de estigmatización en los servicios de salud por parte del personal.

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En Nicaragua, el 64% dijeron que sintió estigma de parte del personal de salud.

Derecho a la salud

La maternidad forzada producto de la violencia sexual en niñas y adolescentes puede exponerlas a riesgos para su salud física, ante la posibilidad de exponerse a un aborto clandestino y en condiciones de riesgo.

Es más, “en América Latina, el riesgo de muerte materna es cuatro veces mayor entre las adolescentes menores de 16 años”.

El derecho a la salud tiene como contraparte una obligación estatal de garantizar el acceso a una gama completa de servicios, incluidos los servicios en materia sexual y reproductiva.

Salud mental

En el área de la salud mental, se han observado altas tasas de síntomas depresivos en las adolescentes durante el embarazo y el postparto, que en general son más altas que las de la población adulta.

En cada uno de los cuatro estudios, una proporción importante de niñas adolescentes que habían dado a luz informaron síntomas de depresión, ansiedad y, en particular para las que habían sido atacadas sexualmente, de estrés postraumático. Tanto en Perú como en Nicaragua, entre el 7 y 14% de las participantes informaron haber contemplado el suicidio durante su embarazo.

En Guatemala, la evaluación psicológica después del parto mostró que 12 adolescentes tenían señales de daño emocional como miedo, intranquilidad, estado de ánimo decaído y llanto. En Ecuador, el 91% de los casos revisados en las historias clínicas, reflejan “Sintomatología Depresiva” y “Trastorno Adaptativo”.

Salud social

Cuando una adolescente menor de 15 años queda embarazada, su presente y futuro cambian radicalmente. Su proyecto de vida se desvanece. Termina abruptamente su ciclo educativo, se desvanecen sus perspectivas de trabajo y se multiplica su vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión, la violencia  y la dependencia.

En el Perú, el 77% de las adolescentes dejaron de estudiar a consecuencia de su embarazo y los cuidados del niño. En Guatemala, de las 17 niñas que estuvieron en la escuela, únicamente 2 continuaron sus estudios.

El sufrimiento mental que experimenta una niña o adolescente que está obligada a llevar un embarazo  resultado de violación puede llegar a ser considerado una tortura, una pena y/o un trato cruel, inhumano y degradante.

Según el Comité Internacional contra la Tortura, obligar a una mujer a llevar un embarazo en esta situación constituye “una constante exposición a las violaciones cometidas contra ella, lo que supone un grave estrés traumático con el riesgo de padecer prolongados problemas psicológicos, tales como ansiedad y depresión”.

Conclusiones

La violencia sexual y la maternidad forzada en niñas y adolescentes se traducen en graves daños para su salud física, mental y social.

Es incompatible con su proyecto de vida.

Persiste un enfoque biomédico sobre la afectación de los embarazos no deseados, particularmente producto de violación, un concepto que obvia las repercusiones en su salud mental y social, además refleja una limitada interpretación del derecho a la salud, lo cual no está permitiendo que la salud de las menores sea tratada de manera integral.

El embarazo en las niñas y adolescentes perpetúa el ciclo de la pobreza que limita su potencial académico y económico.

Recomendaciones a los estados:

  • adoptar una interpretación amplia del derecho a la salud en sus tres esferas, física, mental y social, no limitarlo a salud física,
  • construir rutas de atención a la violencia sexual congruente a la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos,
  • capacitar a agentes estatales de salud y justicia para atender a las niñas desde una perspectiva libre de estereotipos de género y violencia, basado en derechos humanos,
  • la maternidad en adolescentes es un problema emergente que cruza sectores como educación, salud, justicia, derechos de la niñez y la adolescencia, derechos de las mujeres, por lo cual es un indicador de desarrollo y de bienestar social. Si es abordado desde ese enfoque permite adoptar medidas de reparación idóneas en este tipo de problemática.

¿Qué tipo de sociedades queremos construir?

¿Una sociedad en donde la violencia y la discriminación contra las niñas, adolescentes y mujeres siga imperando o una generación joven más saludable, libre de violencias y con las herramientas necesarias para construir sus propios futuros?

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